jueves, 1 de noviembre de 2012

Los vicios de la sentencia en el proceso laboral venezolano


LOS VICIOS DE LA SENTENCIA EN EL PROCESO LABORAL VENEZOLANO






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Realizada las breves consideraciones importantes relativas al sistema de justicia laboral en Venezuela, comenzaremos por indicar unas breves definiciones bastante significativas relativas a la sentencia, tales como:
Para Manuel Herrera (Gaceta Laboral abril- 2008) define La sentencia como “un acto emanado de una autoridad pública, es decir tiene normas de Derecho Público, es una decisión emitida como dice el artículo 146, del Código de Procedimiento Civil “en nombre de la República”, pero también tiene normas propias del derecho privado, por dirimir situaciones entre los particulares y en el caso de la materia laboral es una decisión que reúne en su seno todo un contenido diverso de influencias, girando o tomando como base el hecho social, el acto social, donde el juez deja de ser en el proceso un ente pasivo, sino una parte y una parte activa, que “apreciará soberanamente las pruebas que le sean sometidas y la necesidad de ordenar nuevas medidas de instrucción, cuando entiendan que la prueba no es suficiente para formar su religión de ahí que la sentencia en materia laboral sin ser totalmente diferente a las dictadas en las otras materias, afecta e influye no tan sólo a las partes, sino inclusive desborda los límites de la materia misma, afectando la economía y a hasta la política social de un país”.
En relación a la definición anterior, nos damos cuenta de la labor indiscutiblemente difícil que tiene el juez del trabajo, ya que no se trata solo de dirimir situaciones jurídicas entre particulares, se trata de solventar y pronunciarse en relación a un derecho humano-social como el derecho al trabajo, por lo que ese acto jurídico denominado sentencia sin duda alguna debe estar apegada a garantías constitucionales como la tutela judicial efectiva, el debido proceso, el derecho a la defensa; el juez debe ser muy cuidadoso y sentenciar apegado a estas garantías, de esa forma no incurrirá en posibles vicios a la hora de dictar el fallo de una causa.
Otra definición importante es la señalada por el doctrinario Couture, la cual establece:
“Es un hecho jurídico y un acto jurídico y un documento y entiende que es un hecho, “por ser todo fenómeno resultante de una actividad del hombre de la naturaleza”. La actividad del hombre, en este caso, el juez, consiste en una serie de actitudes personales que le son impuestas por deber profesional y que el cumple en el desempeño de su misión oficial”.
Con esta definición, podemos destacar que la sentencia ciertamente es un producto de la actividad del hombre, en este caso del juez, y éste de acuerdo a sus conocimientos, máximas de experiencias, y desenvolvimiento del curso del proceso, empite ese instrumento o acto, que si el juez se apega a los principios y técnica legal apropiada, lograría evitar una sentencia viciada.   
La sentencia dentro del proceso laboral, puede emerger tanto en la etapa preliminar como las provenientes de la admisión de los hechos en la instalación de la audiencia preliminar;  las sentencias contra las cuales se ejercen la mayoría de los mecanismos de control emitidas por el Juez de Juicio pronunciamiento que realiza luego de la celebración de la audiencia de juicio (Art. 158; Art. 159 LOPT), en la que se desarrolla la evacuación de los medios de pruebas aportado por las partes y de acuerdo a su valoración, apreciación y desarrollo del debate el juez emite la sentencia definitiva. La Sentencia emitida por el Juez Superior, es aquella proferida con ocasión a ese derecho que tiene la parte de apoyarse en el principio de la doble instancia. Y por último aquellas sentencias emanadas de la Sala de Casación Social, en la que las partes ejercen la revisión por ante la Sala Constitucional del máximo tribunal.

En cada una de estas etapas, por así denominarlo, la forma de cómo sentencia un juez es importante, ya que de la actividad propia que el ejecute se determinará si esa sentencia adolece de vicios que puedan declarar nulo ese fallo;  para ello la legislación adjetiva laboral,  prevé dentro de su cuerpo normativo específicamente en su artículo 160 lo siguiente:

La sentencia será nula:  

1. Por faltar las determinaciones indicadas en el artículo anterior;
2. Por haber absuelto la sentencia;
3. Por resultar la sentencia de tal modo contradictoria, que no pueda ejecutarse o no aparezca que sea lo decidido; y
4. Cuando sea condicional o contenga ultrapetita.

De acuerdo a lo anterior podemos señalar que el referido artículo mantiene relación con lo previsto en el artículo 168 de la ley in comento que establece las posibilidades mediante las cuales el Recurso de Casación proceda contra determinadas sentencias donde se evidencie:

1. Cuando en el proceso se hayan quebrantado u omitido formas sustanciales de los actos que menoscaben el derecho a la defensa.
2. Cuando se haya incurrido en un error de interpretación acerca del contenido y alcance de una disposición expresa de la ley o aplicada falsamente una norma Jurídica; cuando se aplique una norma que esté vigente o se le niegue aplicación y vigencia a una que lo esté o cuando se haya violado una máxima de experiencia. En estos casos, la infracción tiene que haber sido determinante de lo dispositivo en la sentencia.
3. Por falta, contradicción, error, falsedad o manifiesta ilogicidad de la motivación.

Con este desarrollo normativo, queda claro que la sentencia debe estar elaborada ajustada a las normas rectoras, para que ella se baste por sí misma, y cumpla con su fin, la cual si es a favor del trabajador, sea ejecutable y se le garantice el derecho al accionante (trabajador), y si es a favor del empleador la terminación de la causa.
Para ello el Juez debe tomar en cuenta los siguientes principios de relevancia a la hora de emitir un fallo, dichos principios son:
ü  Principio de la Exahustividad del Fallo: La sentencia debe pronunciarse sobre todo lo alegado y probado en autos, sin dejar de considerar ninguno de los alegatos y pruebas de las partes.
ü  Principio de la Unidad del Fallo: La sentencia es una unidad, lo que significa que, independientemente de que la sentencia metodológicamente se organice en tres partes: narrativa, motiva y dispositiva, ninguna de ellas es independiente de la otra.
ü  Principio de la Congruencia: La sentencia debe decidir sobre la base de lo alegado y probado en auto, ya que entre la demanda, la contestación y la sentencia debe existir congruencia.

Determinada las normas, así como los principios que regulan la emisión de una sentencia por parte del juez, se procede a señalar los vicios en los cuales puede incurrir el director del proceso, en caso de que omita los parámetros para dictar el fallo definitivo en un proceso, tales vicios de manera general están señalados de la siguiente forma:
ü  Incongruencia: cuando la sentencia contiene una decisión que no guarda ninguna relación con respecto a las acciones deducidas y excepciones o defensas opuestas.
ü  Contradictoria: se presenta cuando las disposiciones del dispositivo del fallo son opuestas entre sí, de manera que no puedan ejecutarse.
ü  Inmotivación: existe falta de fundamento en la sentencia; cuando no contiene las razones de hecho y de derecho, ni los motivos sobre los cuales el juzgador decidió.
ü  Condicional: cuando se somete la eficacia de la decisión a la realización de acontecimientos futuros e inciertos.
ü  Absolución de la instancia: cuando no aparezca lo decidido, cuando el juez no toma decisión y deja en suspenso la causa postergando el pronunciamiento por considerar que no existen  méritos en auto para determinar quien tiene la razón.
De manera más amplia se realiza una identificación más amplia de los vicios de la sentencia en el proceso laboral venezolano, tales como:

VIOLACIÓN DEL DEBIDO PROCESO:


El debido proceso es un principio jurídico procesal o sustantivo según el cual toda persona tiene derecho a ciertas garantías mínimas, tendientes a asegurar un resultado justo y equitativo dentro del proceso, a permitirle tener oportunidad de ser oído y a hacer valer sus pretensiones legitimas frente al juez;  la carta magna que rige nuestro ESTADO prevé en su artículo 49 una destacada descripción en sus numerales de las garantías que deben resguardarse en un proceso judicial.

El Tribunal Supremo de Justicia, como máxima autoridad judicial, se ha encargado de cimentar el debido proceso, y de eso nos percatamos cuando en sus sentencias establece situaciones como:

Sentencia 94 de Sala de Casación Social, Expediente 0500 de fecha 17/05/2001
..Hay menoscabo del derecho a la defensa cuando el Juez priva o limita el ejercicio por las partes de los medios y recursos que la ley procesal concede para la defensa de sus derechos.

Sentencia Nº 05 de Sala Constitucional, Expediente Nº 00-1323 de fecha 24/01/2001

El derecho a la defensa y al debido proceso constituyen garantías inherentes a la persona humana y en consecuencia, aplicables a cualquier clase de procedimientos. El derecho al debido proceso ha sido entendido como el trámite que permite oír a las partes, de la manera prevista en la Ley, y que ajustado a derecho otorga a las partes el tiempo y los medios adecuados para imponer sus defensas. En cuanto al derecho a la defensa, la Jurisprudencia ha establecido que el mismo debe entenderse como la oportunidad para el encausado o presunto agraviado de que se oigan y analicen oportunamente sus alegatos y pruebas. En consecuencia, existe violación del derecho a la defensa cuando el interesado no conoce el procedimiento que pueda afectarlo, se le impide su participación o el ejercicio de sus derechos, o se le prohíbe realizar actividades probatorias.

Sentencia Nº 00124 de Sala Político Administrativa, Expediente Nº 11529 de fecha 13/02/2001:

Una justicia transparente no quiere decir otra cosa, que la claridad en el decir -rigor y comprensión-, de manera que la lectura de aquélla permita conocer íntegramente el pleito substanciado, eligiendo lo imprescindible, apartando lo innecesario y tratando con orden todas las cuestiones con el empleo de las palabras adecuadas e indispensables sin quebranto de claridad.

Sentencia Juzgado Superior Cuarto del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia de fecha 10/01/2008

“La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia ha establecido que: “El derecho a la defensa y al debido proceso constituyen garantías inherentes a la persona humana, en consecuencia, aplicables a cualquier clase de procedimientos. El derecho al debido proceso ha sido entendido como el trámite que permite oír a las partes de la manera prevista en la ley, que ajustada a derecho otorga a las partes el tiempo y los medios adecuados para imponer sus defensas. En cuanto al derecho a la defensa, la jurisprudencia ha establecido que el mismo debe tenerse como la oportunidad para las partes de que oigan y analicen oportunamente sus alegados y pruebas. En consecuencia, existe violación del derecho a la defensa cuando el interesado no conoce el procedimiento que pueda afectarlo, se le impide su participación o el ejercicio de sus derechos o se le prohíbe realizar actividades probatorias”. Igualmente, ha señalado en forma constante y reiterada la Sala de Casación Social, que cuando el equilibrio procesal se rompe por un acto imputable al juez, al privar o limitar indebidamente a una de las partes el libre ejercicio de los medios y recursos que la ley le pone a su alcance para hacer valer sus derechos, el juez incurre en indefensión o menoscabo del derecho de defensa de las partes, vulnerándose así el debido proceso como garantía de rango constitucional”.

Es decir el deber ser es que los órganos jurisdiccionales garanticen sin excusas el debido proceso, ya que en caso de que al justiciable, no se le permita el derecho a la defensa, o se subvierta el proceso, la sentencia sería sin duda alguna nula, por violentarse las garantías anteriormente expresadas.  

Como se señalo anteriormente, la ley adjetiva laboral, prevé en su cuerpo normativo, los mecanismos de control para activar el principio de la doble instancia, así como los recursos que se interponen ante el máximo tribunal, en el caso de los vicios de la sentencia, el artículo 169 de la LOPT, prevé  las razones por las cuales el Recurso de Casación se declarará con lugar, esas razones que contempla dicho artículo sirven para atacar los vicios en los que pueda incurrir el juez cuando profiere una sentencia.

1.    ORDINAL 1º ART. 168 LOPT : QUEBRANTAMIENTO DE FORMA (ERROR DE PROCEDIMIENTO)
Noción: Cuando en el proceso se hayan quebrantado u omitido formas sustanciales de los actos que menoscaben el derecho a la defensa.
ü  Quebrantamiento de formas sustanciales: se refiere a infracción, violación o transgresión de normas que gobiernan el proceso judicial, sea en su admisión, tramitación, decisión, revisión o ejecución.
ü  Omisión de formas sustanciales: La segunda a la inobservancia, incumplimiento o no atención de las mismas.
El Tribunal Supremo de Justicias se ha pronunciado en lo que respecta a la definición del quebrantamiento de forma u omisión, señalando en su sentencia Nº AA60-S-2006-002278 de fecha 24/05/2007 lo siguiente:
…debe indicarse en primer término, que la Sala ha sostenido en innumerables decisiones que existe indefensión, cuando por actos del tribunal se niega o dificulta a una de las partes en los términos previstos en la ley, la posibilidad de formular alegatos o defensas, de promover o evacuar pruebas, o de recurrir el fallo que considere le causa un gravamen, pero también, según como lo explica el autor Humberto Cuenca, cuando se “establecen preferencias y desigualdades; se acuerdan facultades, medios o recursos no establecidos por Ley”.
En lo referente al quebrantamiento u omisión de formas sustanciales en el proceso que menoscaben el derecho a la defensa, la doctrina ha señalado que se consideran formas procesales, las previsiones legales acerca del modo, lugar y tiempo en que deben realizarse los actos del proceso.
 De allí que sea carga del recurrente, la indicación de cómo el quebrantamiento u omisión de la forma procesal vulneró el derecho de defensa o el orden público, según el caso, o ambos; el señalamiento de las normas infringidas, al quebrantarse u omitirse las formas procesales que ellas establecen, y la explicación a la Sala con relación a que contra dichos quebrantamientos u omisiones de formas procesales, se agotaron todos los recursos. (Sentencia N° 151, de fecha 26 de junio de 2001).

Técnica de Formalización: (SCS del TSJ, 26 de julio de 2005. Caso: José Félix Marín Vásquez contra Atlántica de Navegación, C.A. y otros).
ü              a) Indicar cómo el quebrantamiento u omisión de la forma procesal lesionó el derecho de defensa o el orden público, según el caso, o ambos.
ü              b) Señalar las normas infringidas, al quebrantarse u omitirse las formas procesales que ellas establecen.
ü              c) Explicar a la Sala que con respecto a dichos quebrantamientos u omisiones de formas procesales, se agotaron todos los recursos”.

2.    ORDINAL 2º ART. 168 LOPT: INFRACCIÓN DE LEY
Noción: Cuando se haya incurrido en un error de interpretación acerca del contenido y alcance de una disposición expresa de la ley o aplicada falsamente una norma jurídica; cuando se aplique una norma que no esté vigente, o se le niegue aplicación y vigencia a una que lo esté; o cuando se haya violado una máxima de experiencia. En estos casos la infracción tiene que haber sido determinante del dispositivo en la sentencia
Definiciones:
Error de Interpretación: consiste en un defecto en la inteligencia sobre el contenido de la norma, sea en su sentido gramatical o en la intención del legislador.
Falsa Aplicación: cuando el juez realiza una errónea subsunción de los hechos alegados y probados a los hechos tipificados en la norma.
Máxima de Experiencia: son juicios hipotéticos de contenido general, sacados de la experiencia, sea leyes tomadas de las distintas ramas de la ciencia, o de simples observaciones de la vida cotidiana, no precisan ser probadas y se integran a las normas jurídicas que aplicables a la controversia.
Requisitos:
ü  Debe Tratarse de una norma de rango legal, no de orden constitucional, ni de rango sub legal. (SCS del TSJ, 29/01/2004. Caso: TEODULO ANTONIO GONZÁLEZ). (SCS del TSJ, 10/04/2003. Caso: RAFAEL OSCAR LARA RANGEL).
ü  Puede denunciarse la violación de una norma prevista en alguna convención colectiva.

Técnica de la Denuncia:
ü  En caso de denunciar el error en la interpretación señalar cuál fue la interpretación dada por el juez, porque es incorrecta esa interpretación, cual es la interpretación correcta y por qué, y cómo influye ese error en el dispositivo del fallo.
            “…existe error de interpretación de la ley, cuando el juez, aun reconociendo la existencia y la validez de una norma apropiada al caso, eligiéndola acertadamente, equivoca la interpretación en su alcance general y abstracto, es decir, cuando no le da el verdadero sentido, haciendo derivar de ella consecuencias que no concuerdan en su contenido.” (SCS del TSJ, 03/03/2005. Caso: RUBÉN DARÍO VELARDE CHÁVEZ).

ü  En caso de denunciar la falsa o falta de aplicación, identificar las normas aplicadas y razonadamente las que debieron aplicarse
“el formalizante no señala el vicio, ni la forma como lo infringió la recurrida, es decir, no señala las normas infringidas por falsa o falta de aplicación, por lo que no resulta posible para esta Sala equiparar la presente denuncia, con los vicios establecidos en el artículo 168 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, y en consecuencia, resulta forzoso desecharla por falta de técnica. (SCS del TSJ, 27 de junio de 2005. Caso: ANTONIO EDUARDO BRITO MOSQUERA )”
ü  Por medio del Recurso de Infracción de Ley se puede denunciar el falso supuesto.
Para que la Sala pueda examinar la denuncia de falso supuesto es necesario que el recurrente exprese claramente a cuál caso de tal error se refiere: atribuir a actas o instrumentos del expediente menciones que no contiene; dar por demostrado un hecho con pruebas que no aparecen en autos; o cuya inexactitud resulte de actas o instrumentos del expediente mismo; expresar cuál es el hecho falso o inexacto establecido por el Juez; señalar el acta o instrumento cuya lectura patentice la falsa suposición; indicar y denunciar el texto o los textos aplicados falsamente, porque el Juez da por cierto un hecho valiéndose de una suposición falsa; y, por último demostrar la incidencia del error en el dispositivo del fallo.            (SCS del TSJ, 27 de junio de 2005. Caso: ROGERIO SEGUNDO SÁNCHEZ )

Así también la Sala de Casación, ha realizado una serie de consideraciones para diferenciar los siguientes términos:

ü  SCS 17-5-01. Ponencia del Magistrado Omar Alfredo Mora Díaz. Exp.  00-143.

Falsa aplicación y error de interpretación

La falsa aplicación es un vicio que consiste en la aplicación efectiva de una norma jurídica que ha realizado el Juez, a una situación de hecho que no es la que ésta contempla. En este sentido, la doctrina nacional nos señala:
" (...) la falsa aplicación de la ley viene a ser una violación que consiste en una incorrecta elección de la norma jurídica aplicable (...)".(José Gabriel Sarmiento Núñez. Casación Civil; pág. 130).
Errónea interpretación es aquel vicio que se materializa en el fallo, cuando el sentenciador aun eligiendo la norma correcta para la resolución de la controversia, yerra acerca del contenido y alcance de la misma.
Y, la falta de aplicación de una norma jurídica, es el vicio que se percibe en un fallo, cuando el sentenciador no emplea o niega aplicación a una norma jurídica vigente, que es la aplicable al caso en cuestión.
En el caso sub iudice, se ha delatado la falsa aplicación y errónea interpretación del artículo 201 del Código Civil, así como la errónea interpretación y la indebida aplicación, que se traduce en falsa aplicación, del artículo 210 del mismo Código. Al respecto, es de señalar, que los precitados vicios denunciados en forma conjunta, constituyen dos modalidades distintas de infracción de ley, las cuales son excluyentes entre sí y no susceptibles de ser delatados en combinación uno con el otro.
En este sentido, se pronunció esta Sala de Casación Social en fallo de fecha 22 de febrero de 2001, en el cual se aseveró:
"Hay que separar la actividad que realiza el Juez en la construcción del silogismo jurídico, es decir, cuando construye la premisa mayor y la interpreta (supuesto de hecho) a la subsunción de los hechos en el supuesto de la norma para determinar las consecuencias jurídicas. Pues, no puede ser denunciado simultáneamente el error de interpretación y la falsa aplicación de la norma jurídica por ser incompatibles y encuadradas en distintos casos de infracción de ley por el sistema jurídico venezolano".
En consecuencia, visto que ha sido presentada así esta parte de la única denuncia formulada, conlleva a que se declare la improcedencia del punto planteado. Así se establece.

ü  SCS 18-9-03. Ponencia del Magistrado Juan Rafael Perdomo. Exp.  02-659:

Diferencia entre falta de aplicación y error de interpretación

En el desarrollo de su escrito de formalización el recurrente denunció el quebrantamiento por parte de la recurrida del artículo 433 del Código de Procedimiento Civil, tanto por “falta de aplicación”, como por “errónea interpretación”, al desestimar las pruebas de informes anteriormente indicadas, por lo que incurrió en una inadecuada fundamentación al mezclar dos motivos de casación por infracción de ley que constituyen supuestos distintos.
El error en la interpretación de la ley ocurre cuando el juez aun reconociendo la existencia y validez de la norma que ha seleccionado apropiadamente, yerra en la determinación de su verdadero alcance general y abstracto, haciéndose derivar de ella consecuencias que no resultan de su contenido.
En cambio la falta de aplicación de una norma, tiene lugar cuando el sentenciador niega la aplicación de una disposición legal que esté vigente o aplica una norma no vigente, a una determinada relación jurídica que está bajo su alcance. Al respecto, el Dr. Gabriel Sarmiento Núñez, en su obra ‘Casación Civil ’, publicada por la Biblioteca de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, Serie Estudios, Caracas 1993, al explicar los motivos de casación de fondo, expresó respecto a la falta de aplicación de una norma jurídica que: “… Se trata de una falta de aplicación de la norma legal, que configura un error sobre la existencia o validez en el tiempo y en el espacio, de una norma. Es la negación o el desconocimiento del precepto, o mejor, de la voluntad abstracta de la ley...” (Pág. 134).
En todo caso y aun dada la falta de claridad al denunciarse el artículo 433 del Código de Procedimiento Civil, no hubo errónea interpretación de la citada norma porque cuando la misma dispone que el tribunal, a solicitud de parte, requerirá de Oficinas Públicas, Bancos, Asociaciones gremiales, Sociedades civiles o mercantiles e instituciones similares, informes sobre los hechos litigiosos que aparezcan en documentos, libros, archivos u otros papeles, o copia de los mismos, “...aunque éstas no sean parte en el juicio...”, se refiere a quien se le solicita el informe, es decir, a las Oficinas Públicas, Bancos, etc., y no a las personas que son mencionadas o referidas en el informe.

3. Error de interpretación

SCS 3-8-04. Ponencia del Magistrado Alfonso Valbuena Cordero. Exp. Nº 04-587:

Definición de errónea interpretación y su diferencia con los errores al establecer y valorar los hechos:

Ha sido doctrina de este alto tribunal el de señalar que, la errónea interpretación de una norma se produce cuando el juez aún reconociendo la existencia y la validez de una norma apropiada al caso, eligiéndola acertadamente, equivoca la interpretación en su alcance general y abstracto, es decir, cuando no le da el verdadero sentido, haciendo derivar de ella consecuencias que no concuerdan con su contenido.
En la segunda parte de la denuncia que nos ocupa, el recurrente ataca la sentencia con fundamento en que la misma contiene un error de interpretación del artículo 61 de la Ley Orgánica del Trabajo el cual dispone “que todas las acciones provenientes de la relación de trabajo prescribirán al cumplirse un año contado desde la terminación de la prestación de los servicios”. En este sentido, continúa señalando el recurrente, una vez efectuadas algunas consideraciones sobre las pruebas testimoniales promovidas por la parte demandada, que el juez de alzada estableció “...que a través de esos testimonios, el Sr. Luis Augusto Cristofini no se presentó más a laborar a la empresa demandada desde el día 08 de octubre de 2001”.
Pues bien, el recurrente al fundamentar la denuncia de la manera que lo hizo, no tomó en cuenta que las fechas en las que principia y concluye el lapso de prescripción son circunstancias de hecho, de manera que si algún “supuesto” error cometió el juez, no fue en la interpretación acerca del contenido y alcance del artículo 61 de la Ley Orgánica del Trabajo, sino en el establecimiento o valoración de los hechos, supuesto éste de infracción totalmente distinto al pretendido delatar en esta denuncia.

SCS 9-8-05. Ponencia del Magistrado Alfonso Valbuena Cordero. Exp. 05-371:

ü  Errónea interpretación de una cláusula del contrato colectivo

En cuanto a la alegada errónea interpretación por parte del sentenciador de alzada de la cláusula 68 de la Convención Colectiva, por cuanto, a decir del formalizante, de una correcta interpretación de la misma debe entenderse que en el pago de cuarenta y siete (47) días de salario allí estipulados, por concepto de vacaciones, están incluidos tanto la remuneración de éstas como el bono vacacional, esta Sala considera necesario transcribir el contenido de dicha norma convencional, la cual es del tenor siguiente:
CLAUSULA N° 68.- A) Períodos de vacaciones anuales:
LA EMPRESA conviene en conceder a sus trabajadores, períodos de vacaciones anuales de que trata la vigente Ley Orgánica del Trabajo conforme a las siguientes reglas:
Los trabajadores con un (1) año ininterrumpido de servicio disfrutarán de un período de vacaciones de veinticinco (25) días continuos con remuneración de treinta y cinco (35) días de salario;
Los trabajadores que hayan prestado servicio ininterrumpidos durante dos (2) años a cuatro años disfrutarán de un período de vacaciones de veinticinco 25 días continuos con remuneración de cuarenta 40 días de salario.
Los trabajadores que hayan prestado servicio ininterrumpidos durante cinco (5) años a nueve (9) años disfrutarán de un período de vacaciones de veinticinco 25 días continuos con remuneración de cuarenta 45 días de salario.
Los trabajadores que hayan prestado servicio ininterrumpidos durante diez (10) años o mas disfrutarán de un período de vacaciones de veinticinco 25 días continuos con remuneración de cuarenta y siete (47) días de salario.
B) Bono Pre y Post Vacacionales: La empresa se compromete además a entregar a los trabajadores de ambos hoteles un bono especial prevacacional de Bs. 8.000,00 y un bono post vacacional de Bs. 8.000,00 pagaderos ambos al reintegro de sus labores.
C) Queda expresamente entendido que la bonificación especial vacacional establecida en la vigente Ley Orgánica del Trabajo está incluida en los mencionados pagos adicionales de días de salario.
D) Los pagos antes mencionados incluyen el pago de los días que hubieren correspondido al descanso semanal obligatorio pero si dentro del período vacacional hay un día feriado legal, la EMPRESA pagará al trabajador el equivalente de un salario por ese día en adición a los ya mencionados.
E) Si el trabajador quisiera disfrutar por concepto de vacaciones anuales un número de días equivalente al número de salario que le corresponda según su antigüedad en los servicios, podrá hacerlo sin pago adicional alguno, excepto los Bonos Pre y Post Vacacionales señalados en el literal B de esta cláusula.
De la transcripción que precede de la cláusula 68 de la Convención Colectiva, esta Sala entiende que al trabajador que se encuentre en el supuesto de hecho del literal d) de la misma le corresponde disfrutar de un período vacacional de veinticinco (25) días, con una bonificación especial de cuarenta y siete (47) días de salario, incluyendo esos (47) días de salario tanto la remuneración de los veinticinco (25) días de descanso, como el bono vacacional.
Es por ello que al no haberlas disfrutado el demandante, lo procedente es condenar al pago de los veinticinco (25) días por concepto de vacaciones no disfrutadas, mas veintidós (22) días de bono vacacional, lo cual suma cuarenta y siete días (47) de salario, los cuales deben ser calculados con base en el salario normal, de conformidad con lo establecido en el artículo 145 de la Ley Orgánica del Trabajo.
En virtud de lo expuesto debe concluirse que la sentencia recurrida, incurrió en la infracción del artículo145 de la Ley Orgánica del Trabajo por falta de aplicación, así como en la errónea interpretación de la cláusula 68 de la Convención Colectiva.
Por último, debemos recalcar que la infracción debe ser determinante del dispositivo en el sentido que sin la misma la decisión habría sido otra. Es pues misión de la SCS/TSJ decidir si la violación denunciada fue determinante o no para la decisión dictada y el recurrente expondrá las razones que existan para establecer la debida vinculación entre la infracción y la decisión.
  1. ORDINAL 3º ART. 168 LOPT:  VICIOS DE INMOTIVACIÓN:
La Motivación por ser un requisito fundamental en la sentencia, viene a constituir ese mecanismo de control del subjetivismo del juez, mediante ésta el juez expone a las partes y a la ciudadanía en general, como llego a esa conclusión, plasmando de donde obtuvo esa versión y porque acoge lo que dice una de las partes, o acoge su propia versión, ajustado por supuesto a esas normas de orden público que rigen tanto la parte sustantiva del derecho al trabajo, como las adjetivas.
Definiciones Importantes:
ü  Vicio de Inmotivación: cuando hay ausencia absoluta de razones que sustenten lo decidido. Los motivos escasos o exiguos no constituyen inmotivación. También ocurre si el juez no expresa los motivos en que fundamenta la decisión respecto a un punto específico de la controversia de cualquiera de las cuestiones planteadas, bien sean de hecho o de derecho.
ü  Contradicción: cuando los motivos expuestos son incompatibles entre sí o con respecto al dispositivo y por lo tanto no producen efectos.
ü   Error:no se refiere a que los motivos sean errados o equivocados sino cuando los motivos expresados no guardan ninguna relación con la pretensión deducida y con las excepciones o defensas opuestas, caso en el cual los motivos aducidos a causa de su manifiesta incongruencia con los términos en que quedó circunscrita la litis, deben ser tenidos como jurídicamente inexistentes
ü  Falsedad o Manifiesta ilogicidad: cuando los motivos expuestos son tan vagos, impertinentes, generales, absurdos, ininteligibles o inocuos que no permiten conocer la labor intelectual que sustenta la decisión dictada.
Como se señalo anteriormente existen unos requisitos que deben regir la emisión de una sentencia, entre los que se encuentra “la motivación del fallo”, más sin embargo, por ser ese juez una persona humana con imperfecciones, puede incurrir aunque no debiera en vicios en la sentencia que la hagan anulable, entre esos vicios nos encontramos con la inmotivación, para ello la Sala de Casación Social de nuestro máximo tribunal ha expresado lo siguiente:  
Sentencia Número 366, de la Sala de Casación Social, Número de expediente 00-197 de fecha 09/08/2000.
Existe inmotivación de una sentencia cuando sucede alguna de las siguientes hipótesis: 1º) Si no contiene materialmente ningún razonamiento de hecho ni de derecho en que pueda sustentarse el dispositivo; 2º) Si las razones expresadas por el sentenciador no tienen relación alguna con la pretensión deducida o con las excepciones o defensas opuestas; 3º) Los motivos se destruyen los unos a los otros por contradicciones graves e inconciliables, situación comparable a la falta absoluta de fundamentos; 4º) Los motivos son tan vagos, generales, inocuos, ilógicos o absurdos que impiden conocer el criterio jurídico que siguió el Juez para dictar su decisión; y 5º) Cuando el sentenciador incurre en el denominado “vicio de silencio de prueba”.
Sentencia Número 468, de la Sala de Casación Social, Número de expediente 04-277 de fecha 02/06/2004.
La doctrina ha señalado que la inmotivación es un vicio de la sentencia producido por el incumplimiento de un requisito intrínseco de la decisión cuando ésta carece de los motivos de hecho y de derecho. En este sentido, es pacífico y reiterado de la casación que resulta inmotivado el fallo que carece absolutamente de motivos, no aquel en el cual los motivos son escasos o exiguos. Asimismo, la doctrina ha señalado que hay falta absoluta de fundamentos, cuando los motivos del fallo, por ser impertinentes, contradictorios o integralmente vagos o inocuos no le proporcionan apoyo alguno al dispositivo de la sentencia, que constituye la verdadera finalidad de la pretensión. Igualmente existe inmotivación absoluta y por lo tanto el fallo es nulo, si el juez no expresa los motivos en que fundamenta la decisión respecto a un punto específico de la controversia de cualquiera de las cuestiones planteadas, bien sean de hecho o de derecho.
Ahora bien, en el sistema de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo cuando la misma señala como motivo de casación la falta de motivos, debe entenderse literalmente, aun y cuando no lo precisa la norma, como la falta absoluta de motivos, que se da cuando no se expresa motivo alguno, esto es lo que denominó la jurisprudencia, la primera hipótesis de inmotivación, es decir, cuando la sentencia no contiene materialmente ningún razonamiento de hecho ni de derecho en que pueda sustentarse el dispositivo, caso que aunque no es frecuente, sí se presenta, porque como ya se expresó la motivación exigua, breve, lacónica, no es inmotivación pues en tal caso la Sala podrá controlar la legalidad de la decisión tanto en el establecimiento de los hechos como en la aplicación del derecho.  En segundo lugar, existe contradicción en los motivos, cuando las razones del fallo se destruyen entre sí.  En tercer lugar, es inmotivación el error en los motivos, la cual no se refiere a que los motivos sean errados o equivocados sino cuando los motivos expresados no guardan ninguna relación con la pretensión deducida y con las excepciones o defensas opuestas, caso en el cual los motivos aducidos a causa de su manifiesta incongruencia con los términos en que quedó circunscrita la litis, deben ser tenidos como jurídicamente inexistentes.  En último lugar, es inmotivación la falsedad o manifiesta ilogicidad de la motivación, lo cual se presenta cuando los motivos son tan vagos, generales, inocuos o absurdos que se desconoce el criterio jurídico que siguió el juez para dictar su decisión.
Y como lo señalan autores la motivación debe ser una relación consistente y coherente, suficiente, utilizando las reglas de la lógica y de las máximas de la experiencia, sin convertirse en un relato de hechos sin sustento de derecho, pero tampoco convertirse en fieles seguidores de la posición de Montesqueau, que los jueces deben ser boca de la ley, con esta concepción el juez tiene entonces la difícil actividad de emitir una sentencia ajustada a la norma y a los principios rectores del derecho del trabajo, tanto sustantivo como adjetivo. 

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